Por: Pablo Cesar Vela Beltrán
En mi percepción y valoración propia considero que las medidas que debe implementar el Estado o las entidades correspondientes, en el tratamiento de casos de corrupción, degradación medioambiental, y/o violación de los derechos humanos, debe tener a consideración diferentes elementos, tanto económicos, cómo de dimensiones socio – ambientales; Pero que, a grandes rasgos debe de manera pretérita evitar la impunidad en la aplicación de sanciones o medidas restaurativas para la contribución efectiva a las faltas acaecidas. En ese sentido considero que tanto la sanción económica, como la expulsión, son medidas que no deben ser descartadas, en tanto se deben evaluar las condiciones e impactos de la falta; Del mismo modo, reconocer, referente a las opciones y disponibilidades de las compañías por reconocer y actuar en consecuencia, es decir, su complacencia y consecuencia en incumbir con las faltas cometidas, correspondiendo con la situación, y dado el caso, contemplar incluso otras maneras efectivas de resarcir las afectaciones. Desde acá, parto desde el hecho de la existencia de instituciones gubernamentales sólidas, que propendan por la acción soberana de protección de bienes patrimoniales, y marcos jurídicos que permitan la viabilidad de sus veedurías y ejecuciones. Sin embargo bajo una revisión más realista y profunda, es difícil no vincular la responsabilidad del Estado, cómo de otras instituciones político - financieras aledañas que hacen que, pese a que, en una evidente falta de alguna compañía, no solo sea propia la falta de la compañía en sí, sino involucre de manera directa o indirecta jurisdicciones estatales, que deben velar por la prevención y/o veeduría de las posibles faltas y/o marcos de prevención y reparación pertinentes.
Para la justificación de este posicionamiento recorreré tres elementos, uno es histórico, otro es de carácter institucional y por último, uno es de carácter propiamente social - ambiental - comunitario (Composto, 2012), posteriormente, y para finalizar, desarrollaré una breve evaluación de la coyuntura actual en relación a la discusión propuesta, y una oferta que considere las situaciones que introduciré a continuación:
Desde un enfoque histórico cabe resaltar la laceración colonial que deviene en territorio americano, particularmente el Latino americano, respecto a sus pobladores y diversidad étnica, cómo tambien de las implicaciones económicas y medio ambientales que hoy día son aún evidentes para las naciones latinoamericanas y tienden a agudizarse. En Colombia, particularmente, su localización geográfica le provee de una incalculable riqueza natural (biodiversidad, diversidad de ecosistemas, fuentes hídricas, etc.) y esta razón ha sido motivo de subordinación económica, política y cultural a las naciones modernas, industriales. Es prácticamente después de la década de los 50 (post guerra) que empieza a gestarse en el modelo económico capitalista transformaciones estructurales significativas en relación a las evidentes contradicciones que traslada consigo, y mancomunadamente una amalgama de reformas en los gobiernos latino americanos, tendientes al neoliberalismo y/o a prácticas extractivistas con perspectivas renovadas.
Una de las contradicciones principales, radica en la acelerada necesidad de materias primas propias de la producción de mercancías en industrias cada vez más amplias y sofisticadas, sin embardo, un evidente obstáculo radica en la capacidad de resiliencia de los medios naturales debido al alto impacto de su explotación y sobre explotación, que explicita el contraste de periodos de tiempo, respecto al ciclo económico de una mercancía y la regeneración ecológica – ambiental de las áreas naturales.
Esto sin mencionar las implicaciones sociales en las que deviene tal situación, ya que se evidencia lógicas de desposesión en espacios marginalizados, desplazamiento forzado debido a la intervención de grandes sumas de capital extractivo, y deterioro de las condiciones de vida ( culturales - medioambientales) de las poblaciones aledañas. Hoy día, estas relaciones no parecen cambiar, por el contrario, en consecuencia a los cambios tecnológicos tienden agudizarse y complejizarse debido a su progresiva privatización, expansión de fronteras extractivas y/o tecnocratización (nuevas técnicas de extracción, biotecnologías, biopolíticas, etc.).
Dos, las instituciones gubernamentales latinoamericanas desde la década de los 70, han sido cada vez desprovistas de ejercer control y regulación a las compañías transnacionales, la idea del estado de bienestar camino a su des virtualización, ha precipitado a los estados a complacer gradualmente la inversión de capitales financieros, principalmente extractivos, incluso, de proveerles blinda miento político, teniendo diferentes consecuencias económicas, ambientales y culturales.
En ese sentido la región de américa latina después de la década de los 90, anuncia las prominentes falencias del modelo neoliberal, y en consecuencia, algunas de sus naciones van a fundar modelos gubernamentales, que revalúen las falencias del neoliberalismo y permita dar correspondencia con las políticas y economías internacionales y/o globales. Las nociones de recursos naturales en la región van a cruzar por re significaciones significativas más no sustanciales, puesto que desde gobiernos de tendencias reformativas al neoliberalismo, tanto desarrollistas, inclusive de un progresismo político, considerará la necesidad de una mejor gestión de los recursos ambientales en tanto a la aproximación de las latentes transformaciones económicas del capitalismo global.
Por otra parte, las contradicciones se hacen evidentes en tanto, pese a las distinciones ideológicas -políticas de los modelos gubernamentales, los fundamentos economicistas continúan siendo explícitos en la noción de recursos naturales. Y en consecuencia, las poblaciones y los sectores populares que le subyacen continúan siendo vulnerados en sus derechos, pese a un incipiente reconocimiento por parte de algunas instancias gubernamentales, y a una gradual optimización de la gestión ambiental de los recursos y servicios naturales.
Tres, los movimientos sociales sin duda cumplen un rol fundamental en todo este asunto, como agentes implicados (directamente), como posibles veedores ambientales, y como agentes de cambio. Cualquier contemplación política debe contemplar esta crucial variable. Los pueblos originarios datan luchas de resistencia contra este mundo modernizante desde la conquista (500 años), y en ellos se muestran las tensiones existentes no solo en nociones de mundo y estilos de vida, si no tambien en las relaciones que establecen y proponen con la naturaleza. La incursión de megaproyectos extractivos genera una amplia agrupación de afectaciones, de diferentes escalas, entre ellas, una muy importante es, la reconfiguración territorial de las poblaciones, conllevando consigo la perdida de patrimonios ecológicos y ambientales de comunidades enteras, como la progresiva destrucción ambiental, y el fraccionamiento de los tejidos sociales.
Por suerte, para nosotros, pese a la alienación preponderante, y la adversidad generada por el capital extractivo transnacional, existen creativas y valerosas resistencias por la preservación y defensa de los patrimonios ambientales, estilos de vida no modernos, como de la naturaleza misma.
Redes de solidaridad, luchas por los “bienes comunes”, expresiones de resistencias políticas populares, ligadas al ecologismo, y a la reapropiación de la naturaleza, etc. Estas expresiones sociales estimulan una sensibilidad elemental para el cambio de mentalidades ancladas en la destrucción ambiental. Cabe resaltar que estas luchas no son nuevas, y por lo tanto recolectan una historia de reivindicaciones y experiencias que reposan en las memorias de las poblaciones para el porvenir del planeta en su amplitud, no solo para sí mismos.
Entonces, en vista de estas tres dimensiones la ¿Cuál es la propuesta?, si bien la perspectiva que he desarrollado ha intentado vincular una visión escalar con América Latina, en el contexto nacional de correspondencia, Colombia, ¿Qué podemos hacer? Cuando en la actualidad existen pruebas tacitas sobre las implicaciones ambientales que traen modelos extractivistas cómo lo es el “Fracking” (fraccionamiento hidráulico) auspiciado principalmente por el gobierno de Estados Unidos, en una nación potencia en “riqueza” natural pero dependiente política y económicamente.
Internacionalmente se reconoce las afectaciones a las fuentes hídricas es inminente naciones cómo Francia, Canadá, Argentina, Holanda, Alemania; Asi mismo se reconoce y demuestra que las fugas de materiales contaminantes son de alto riesgo, asi mismo la contaminación atmosférica de los gases que les subyacen es evidente, la contaminación de pozos hídricos subterráneos por filtración es muy probable, sin mencionar la inestabilidad sísmica inducida que puede generar (Instituto de Estudios Ambientales Universidad Nacional, 2019) La viabilidad de esta técnica no convencional en territorio colombiano tiene diferentes implicaciones medioambientales, cómo de carácter socio económico, sin embargo ¿Por qué se insta tan empedernidamente su implementación?
En caso de la pregunta inicial considero que el Estado debe reconocer y fortalecer las soberanías comunitarias sobre los territorios como escenarios de viabilidad y gestión ambiental prospectiva, asi mismo, reconocer la importancia que estas comunidades proveen a la nación en tanto manutención de prácticas sostenibles y de modelos de vida sostenibles (alternativos). “Ya no basta con pensar desarrollos alternativos, sino que es indispensable construir alternativas a la idea misma del desarrollo” (Composto, 2012), en ese sentido el estado al contrario de propiciar la acumulación por despojo, debería blindar a la nación en una cobertura legislativa y judicial de mayor envergadura y efectividad, la impunidad frente a catástrofes ambientales en Colombia es, lamentablemente, parte de nuestra historia ambiental. Reconocer los pulsos geopolíticos actuales es dar cuenta que la región de américa latina, entre ellas, Colombia es codiciada por sus amplios beneficios naturales (económicos), sin embargo esto traduce para sus condiciones nacionales un deterioro sin retroceso de las condiciones de vida de las poblaciones, cómo de sus patrimonios naturales.
La regulación del Estado sobre los proceso de explotación debe profundizar en el aumento no solo de su cobertura y blinda miento legislativo y jurídico, si no tambien, de ser necesario, el aumento de los precios internacionales de las materias primas (Composto, 2012), asi mismo la reevaluación de modelos de desarrollo que no solo anuncien la necesidad de contemplar la sostenibilidad, si no la revaluación de la idea de desarrollo mismo, cómo los planeamientos de desarrollo nación y la política pública en relación. Reconozco las dificultades ancladas en los intereses económicos que predominan y destinan a la nación a este deterioro sin presunto fin, sin embargo, estas reivindicaciones no tienen espera, y creo, cómo parece ser, son las poblaciones los primordiales actores de la historia y de su devenir, es decir, en muchas de sus expresiones sociales encontramos solución y proposición a las problemáticas económico - ambientales que nos aquejan hoy día cómo sociedad.
Referencias
Composto, C. (2012). Acumulación por despojo y neoextractivismo en América Latina. Una reflexión Crítica acerca del Estado y los movimientos socio - ambientales en el nuevo siglo. ASTROLABIO, 30.
Instituto de Estudios Ambientales Universidad Nacional. (2019). Los peligros comprovados del fracking. UN periódico digital, 2.
コメント